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Crece un 16% en un año el importe de las sanciones de la Inspección de Trabajo de Cataluña

La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) ha propuesto sancionar 10.200 infracciones laborales durante el 2016, un 0,2% más que el año anterior, según ha informado la consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa.

El importe total de las sanciones asciende a 44 millones de euros, lo que representa un incremento de casi el 16% en relación a 2015 (38). La media del importe de las sanciones se ha incrementado en un 15% durante 2016, hasta los 4.408 euros. Igualmente, la Inspección de Trabajo ha efectuado más de 20.000 requerimientos de enmienda a las empresas. Según ha explicado la consejera Bassa, la ITC ha finalizado 51.243 órdenes de servicio durante 2016 en Cataluña, de las que el 20,5% son denuncias (el equivalente a 10.545 expedientes), con un plazo medio de resolución de 123 días. La Inspección ha visitado 36.028 centros de trabajo, el 15% en horario nocturno y un 9% con acompañamiento de la policía.

De las 10.200 infracciones detectadas, un 46,3% han sido relativas a fraude en seguridad social; un 22,9%, en seguridad y salud; un 19,4%, en relaciones laborales; un 6,5%, en ocupación y extranjería; y un 5%, en obstrucción a la tarea inspectora. Por sectores, Bassa ha puesto de ejemplo que la Inspección de Trabajo ha puesto énfasis durante 2016 en examinar la actuación laboral de las cadenas de subcontratación en el sector de la telefonía móvil, las cooperativas de trabajo asociado a la industria cárnica y las empresas multiservicio. La ratio de órdenes de servicio en relación al número de infracciones se ha situado en el 19,9% (un 2,2% más que en 2015). Las demandas externas de actuación han representado el 55,5% de la actividad de la Inspección de Trabajo y reciben «prioridad» en la tramitación, según el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

El Gobierno estudia un recurso en el TC por las políticas activas de ocupación Bassa también ha avanzado que la Generalitat está estudiando presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso por invasión de competencias contra el gobierno español debido a la inclusión de una partida de más de 305 millones de euros en políticas activas de ocupación. La consejera ha recordado que la ejecución de estas políticas corresponde a la Generalitat.

 

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